La población brasileña y latinoamericana en general ya sufre graves secuelas del cambio climático y de los delitos ambientales. La actual dimensión destructiva del capitalismo tiene consecuencias de gran alcance. Todos los años, millones de hectáreas de la Amazonia y otros biomas han padecido deforestación, han ardido y se han convertido en terrenos para la agroindustria. Esta última vierte anualmente millones de litros de pesticidas en el ambiente, envenenando el suelo, el agua y a los seres humanos. La minería ocupa vastos territorios, sobreexplotando los yacimientos minerales, con enormes repercusiones en forma de rotura de presas y contaminación con metales pesados, entre otras.

El cambio climático ya es una realidad. Ha alterado las condiciones de producción de alimentos en todo nuestro continente. Hay largos periodos de sequía, así como periodos más cortos sin lluvia en momentos decisivos para lo que se ha plantado. La lluvia se concentra y a menudo viene asociada con heladas y vendavales que destruyen muchos cultivos. En las ciudades, las sequías se traducen en crisis de suministro de agua y las lluvias torrenciales causan muertes y la destrucción de viviendas e infraestructuras, que siempre afectan desproporcionadamente a la clase trabajadora. Muchos líderes populares y medioambientales que defienden sus territorios frente a esta dinámica de explotación son asesinados. En suma, estamos viviendo un periodo caótico, en que se deterioran las condiciones de vida ambientales.

Aunque hay muchos factores que han dado lugar al momento presente, el primero y más grave es que estamos viviendo un periodo histórico de crisis profunda del modo de producción capitalista. En tiempos de crisis ‒y tanto más en periodos de hegemonía del capital financiarizado‒, las grandes empresas y el capital especulativo se apresuran a privatizar los bienes comunales de la naturaleza. Esta ofensiva del capital comporta la apropiación de muchos bienes naturales, como terrenos públicos, bosques, agua, biodiversidad, minerales y fuentes de energía (hidroeléctrica, solar y eólica), con los que las clases dominantes protegen su capital y transforman un capital ficticio en activos económicos.

Además, mediante el uso intensivo de innovaciones tecnológicas, bienes naturales carentes de valor (porque no son fruto del trabajo humano) se transforman de productos para la venta a un precio mucho mayor que su valor real (el tiempo de trabajo necesario para transformarlos en mercancías y transportarlos al mercado), generando una enorme tasa de beneficio que sería inalcanzable en una fábrica o un negocio por sí solos. Por ejemplo, Coca-Cola y Nestlé consiguen una tasa de beneficio del 400 % anual con la expropiación de recursos hídricos. Ganaderos que talan bosques y revenden sus terrenos a la agroindustria que produce soja para el ganado obtienen una tasa de beneficio del 500 %. La tasa de beneficio de empresas mineras que extraen oro, hierro y bauxita supera el 700 %.

Esta ofensiva de las grandes empresas y los bancos ha dado pie a inmensos delitos medioambientales, a la destrucción del medioambiente y a la alteración del clima y de la disponibilidad de agua. También está la cuestión de las pautas de consumo impuestas por el capitalismo, creadas por medio de la publicidad, los precios y los estilos de vida que incrementan exponencialmente los efectos negativos en el ambiente. Bajo el capitalismo, la energía se basa en combustibles fósiles como el carbón y el petróleo. Este último es el más usado, ya que constituye la base del modelo capitalista de transporte urbano estructurado en torno a vehículos individuales que consumen gasolina. Este modelo causa enormes daños ambientales, contaminación atmosférica y numerosas muertes, muchos miles de ellas derivadas de enfermedades pulmonares y cardiacas.

La construcción de grandes plantas hidroeléctricas, formando enormes lagos artificiales, daña la biodiversidad, afecta a todo el medioambiente local y contribuye a desequilibrar la naturaleza y las formas de vida de pueblos indígenas y comunidades de vastos territorios. Esto ya se puede ver en el caso de grandes proyectos de aerogeneradores y huertas solares que se califican de energía limpia. Estos parques eólicos y solares fueron implantados por grandes compañías en vastas zonas y han causado enormes daños a los animales y las poblaciones locales. Aquí en Brasil, el campesinado ya se ha movilizado en contra de su expansión. La causa profunda de los problemas y delitos medioambientales, por tanto, estriba en la búsqueda interminable del máximo beneficio por parte del capital. Todos estos proyectos mineros y energéticos vienen financiados por grandes bancos locales e internacionales.

La agroindustria es un modelo de producción agrícola implementado por grandes empresas que reúne a propietarios de tierras y empresas transnacionales y bancos que los financian. Desde el punto de vista de la producción, se caracteriza por grandes extensiones de monocultivo especializado en un único producto y el uso intensivo de semillas transgénicas, maquinaria pesada, pesticidas y fertilizantes químicos.

Este modelo productivo afecta directamente al medioambiente, destruyendo la biodiversidad. Los pesticidas (en realidad son biocidas, como insistió Rachel Carson) matan a todos los seres vivos en la naturaleza salvo las mercancías que se producen, ya sea soja, algodón, maíz o forraje para el ganado. Además, contaminan las aguas subterráneas, anulan la fertilidad del suelo e incluso afectan a la atmósfera al acoplarse al vapor de agua, que asciende a las nubes y después vuelve a caer en forma de lluvia sobre el conjunto de la población, incluidas las ciudades.

Los productos agrícolas creados de acuerdo con el modelo agroindustrial están sumamente contaminados con pesticidas, sobre todo glifosato, de los que se ha demostrado que causan cáncer y otras enfermedades. Todos estos pesticidas los fabrican compañías europeas y estadounidenses, como Bayer, BASF, Dupont y Syngenta, a pesar de que muchos de estos productos están prohibidos en EE UU y la UE debido a su toxicidad demostrada. La investigación ha revelado que en Brasil el 67 % del agua suministrada por compañías públicas en las ciudades está contaminada con glifosato y que en el 25 % de los municipios el agua suministrada contiene hasta 27 ingredientes activos de los pesticidas, todo un cóctel químico. En otras palabras, todos los días, hora tras hora, la población urbana que bebe agua del grifo ingiere veneno.

En una fantástica victoria, 42.000 campesinos de EE UU que utilizaron glifosato en sus cultivos y se vieron afectados por diversas enfermedades lograron demostrar la intoxicación en los tribunales, con la consiguiente condena de Bayer/Monsanto y una indemnización de más de 9.000 millones de dólares.

El monocultivo de árboles industriales como el eucalipto para la fabricación de celulosa también destruye la biodiversidad de la flora y la fauna. Allí donde se plantan no sobrevive nada más. Todo se concibe para maximizar la ganancia con la pulpa exportada a Europa y China.

El tipo de ganadería practicada según el modelo agroindustrial es responsable asimismo de la destrucción del medioambiente, al promover el monocultivo de pastos en vastas zonas y causar la contaminación derivada de las heces de los animales confinados, que generan gases tóxicos para la naturaleza y la atmósfera. La producción de animales confinados consume además un gran volumen de agua: 15.000 litros por kilogramo de carne de res. Brasil es el principal país exportador de carne vacuna del mundo, con un coste medioambiental irreparable.

El agroindustrial es un modelo antisocial, pues no genera empleo. Al contrario, todos los años envía a más gente al paro, ya que sustituye el trabajo vivo con nuevas tecnologías, como pesticidas y maquinaria. Así, la agroindustria genera riqueza a base de una elevada productividad del trabajo, pero concentra esta riqueza en manos de terratenientes y empresas transnacionales. Las regiones dominadas por la agroindustria son las que muestran los peores índices de desarrollo humano de Brasil. El modelo agroindustrial es incompatible con la naturaleza y la biodiversidad y es corresponsable del cambio climático y de los delitos medioambientales en todo el mundo.

Como bioma, la Amazonia está presente en ocho países sudamericanos. En Brasil abarca el 40 % del territorio nacional. El bioma amazónico es responsable del ciclo pluvial, es decir, cualquier cambio del bioma repercute en todo el país, como sucedió con las nubes que contenían partículas de humo de los incendios de la Amazonia que llegaron hasta São Paulo en 2020. Suministra agua al océano y a todas las fuentes de energía hidroeléctrica y de agua potable para la población.

Por desgracia, la Amazonia sufre todas las agresiones del capital. Allí es donde sacan madera, desforestan y queman los bosques. Allí es donde se expande la frontera agroindustrial del cultivo de algodón, soja y sobre todo la ganadería, productos destinados a la exportación. Es una red en que participan todos los países que compran habas de soja, carne de vacuno, madera y algodón de Brasil. La mina de hierro más grande del mundo se halla en la Amazonia, explotada por la empresa VALE, sin ventaja alguna para la población local. El gobierno de Fernando Henrique Cardoso decretó (mediante la ley Kandir de 1995) la exención de impuestos de todas las exportaciones de productos mineros y agrarios, que sigue vigente.

La Amazonia alberga a la población más numerosa de tribus indígenas, que conservan su cultura y su identidad. Son las más atacadas, sus tierras son invadidas y les roban sus recursos naturales, como la madera y los minerales. Unos 20.000 prospectores financiados por empresas exportadoras operan en tierras indígenas de la Amazonia, protegidos por el gobierno neofascista de Jair Bolsonaro. Extraen oro y utilizan mercurio, contaminando aguas y ríos, matando a indígenas y animales (especialmente peces) y eliminando toda vida en vastos territorios.

Todo este proceso es ilegal, pero las autoridades lo protegen y la justicia mira para otro lado. La Amazonia es el ecosistema más sensible y uno de los biomas más importantes de Sudamérica. Todas las medidas necesarias para defender la naturaleza y el medioambiente han de comenzar por la protección de la Amazonia.

Propuestas del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra

Solo tenemos un planeta y su defensa exige medidas colectivas. Los espacios de gobernanza internacional, como Naciones Unidas, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, las conferencias sobre el cambio climático y los comités de biodiversidad han resultado ser incompetentes e insuficientes. La mayoría de ellos obran a favor de los intereses del capital y no de la humanidad.

Hemos de implementar métodos de democracia popular y una amplia participación popular en cada país para asegurar que los Estados nacionales obren a favor de la población y no del capital. Urge desarrollar nuevos instrumentos de gobernanza internacionales, no solo gubernamentales, sino también con representantes de organizaciones políticas y populares en cada región. Las sociedades ya no pueden estar representadas por gobiernos, la mayoría de los cuales han sido elegidos ilegítimamente o actúan de manera autoritaria.

El mundo requiere medidas urgentes y los gobiernos no están dispuestos a adoptarlas. Sabemos que esto exigirá el esfuerzo del conjunto de la humanidad y sobre todo el compromiso con organizaciones populares y su mediación. El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra tiene muchas propuestas de medidas que es preciso poner en práctica lo antes posible, por mucho que sus resultados se demoren. Proponemos:

Sabemos que además de estas medidas solo será posible implementar cambios estructurales que prevengan nuevos daños a la naturaleza, el cambio climático y el calentamiento global si prescindimos del afán de lucro que impulsa la codicia por los bienes de la naturaleza. En otras palabras, los bienes de la naturaleza no pueden ser de propiedad privada. No podemos seguir tratando los alimentos y las fuentes básicas de energía para la población como si fueran mercancías, sino que son derechos de las personas. Para que esto ocurra es preciso que adoptemos un modelo productivo poscapitalista. El capitalismo no representa una solución o un progreso para la humanidad, al contrario, es el origen de todos los problemas ambientales y sociales, puesto que el beneficio y la acumulación son incompatibles con la igualdad social.

Las organizaciones políticas y el pensamiento teórico de la izquierda de todo el mundo están en general en deuda con nuestro pueblo. Urge que la izquierda se autocritique e incorpore estas cuestiones en sus programas y debates. Lamentablemente hay pocos intelectuales orgánicos de izquierda en todo el mundo que debatan sobre estas cuestiones. Ante todo, es preciso que contribuyamos a organizar a la clase trabajadora, al campesinado, a la gente joven, las mujeres, estudiantes y sectores religiosos ‒en suma, a toda la gente trabajadora‒ a fin de realizar grandes movilizaciones de masas y luchar en defensa de nuestras vidas, de la vida en el planeta y el bienestar de la humanidad.

El tiempo apremia. Sin lucha de masas no habrá cambio.

João Pedro Stedile es economista, activista y escritor brasileño. Es miembro del consejo nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), del que es cofundador

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